Así avanza la toma en Bogotá

El Paro Nacional continua su jornada este 9 de junio, en las que no se ha logrado un consenso entre el gobierno y los representantes del comité.

Las protestas continúan en el país, en una nueva semana en la que los ciudadanos salen a las calles y en la que se anuncia una toma de Bogotá, que busca ser un homenaje a las victimas por parte de la fuerza pública y un llamado al gobierno para que se cumplan los puntos propuestos.

“Ante negativa del Gobierno de firmar el preacuerdo sobre garantías para ejercer la protesta social, construido el 24 de mayo, y ante la dilación permanente para firmarlo e instalar mesas de negociación, se invita a la toma de Bogotá”, manifestó Fabio Arias, fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)

Desde las horas de la mañana los manifestantes han salido, realizando bloqueos en las localidades de Suba y la Calle 80. Por otro lado en la Calle 26 la comunidad indígena Misak nuevamente intenta derribar otra estatua, está vez referente al explorador y descubridor Cristóbal Colón y de Isabel la Católica, como oposición a la represión sufrida durante la conquista, buscando una reivindicación histórica.

Esto conllevo a enfrentamientos entre la policía y la comunidad indígena, en las que se denuncia nuevamente abuso de autoridad, mal uso de los implementos de dispersión y ataque a los ojos.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hizo un llamado a extremar las medidas de bioseguridad, dada la delicada situación de salud que se vive en la ciudad por cuenta de la pandemia de COVID-19, por lo que se manifestó indicando que no se debería continuar con las marchas, de que el gobierno debe buscar una pronta solución, así mismo rechazo la llamada toma.

Los hechos ocurren mientras que la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) realice las respectivas investigaciones, en las que se busca esclarecer si existe una violación de Derechos Humanos por par del Estado.

La llegada de la Comisión ocurre tras seis semanas de protestas y del fallido intento de negociación entre el Gobierno y el Comité Nacional de Paro. Este fin de semana, el comité -integrado por las centrales obreras- se levantó de forma unilateral de las conversaciones y argumentó que el Ejecutivo no está realmente interesado y ha “dilatado, a propósito, la negociación del Pliego de Emergencia”. El Comité exigía que un preacuerdo sobre garantías mínimas para la protesta social pacífica y la eliminación del decreto de asistencia militar. Según sus delegados este se había logrado pero el Ejecutivo cambió de opinión. Por eso -aseguraron- entregarán el documento a la CIDH.

La consejera para los DD.HH. del Gobierno, Nancy Patricia Gutiérrez, ha dicho que el mensaje que dieron a la CIDH es que “Colombia no es un país violador de derechos humanos” y que las “dificultades la afrontamos con el sistema de justicia del país”. Para la Canciller, la justicia debe investigar tanto a quienes “de forma minoritaria” han aprovechado la protesta legítima para destruir y saquear; pero también a los miembros de la fuerza pública que “hayan excedido sus funciones o que haya cometido algún tipo de abuso de autoridad o violación de los derechos humanos”. Por ahora, según cifras de la Fiscalía, de las 51 muertes confirmadas con relación a la protesta, solo cuatro homicidios han sido esclarecidos y dos de ellos son investigados por la justicia militar, aún así ONGs y otros colectivos, indican una cifra mucho mayor, en las que se denuncia ataques a manifestantes, abuso de la fuerza y violencia sexual.

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